El anuncio de la Junta Central Electoral (JCE) de garantizar a los reclusos preventivos su derecho al voto, es visto por juristas y representantes de derechos humanos como un avance institucional y como una posibilidad de que los gobernantes presten más atenciones a las cárceles.

Manuel María Mercedes, de la Comisión de los Derechos Humanos, cree que ese hecho provocará una mirada diferente hacia la realidad de hacinamiento en que viven los reclusos y obligará a que los políticos tengan que hacer ofertas de mejoría hacia esa población privada de su libertad.

Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), entiende importante que la JCE integre a la comunidad penitenciaria en la organización de ese proceso de votación.

Salvador Ramos, ex juez de la JCE, apunta que al no permitir a los reclusos preventivos que voten se les ha estado violando su derecho constitucional, ya que ellos no tienen suspendidos sus derechos políticos.

El ex presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, establece en un documento que sometió al Pleno en la pasada administración, que la política penitenciaria se vería beneficiada con una gran movilización nacional que contribuiría a que los reclusos se reeduquen por el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Castaños Guzmán presentó su propuesta en la que favorecía que la JCE asegure el sufragio a los presos e hizo una amplia explicación jurídica para fundamentar su posición.

Todos coinciden en que a los reclusos se les debe garantizar ese derecho, porque está contemplado en la Constitución.

Aunque no aprobó su aplicación, en marzo del 2007 el Pleno de la JCE designó una comisión para que hiciera un levantamiento de la población carcelaria.

Violación constitucional
Salvador Ramos, ex juez de la JCE, apunta que al no permitir a los reclusos preventivos que voten se les ha estado violando su derecho constitucional, ya que ellos no tienen suspendidos sus derechos políticos.